| No puede dejar de ser más interesante el debate sobre la afectación de las medidas que el gobierno va a aplicar para reducir el gasto público. Especialmente la que se cierne sobre los funcionarios. Evidentemente y fuera del concepto de las medidas en sí, si se aceptan como necesarias, el primer camino lógico es ese. Mucho más discutible es la proyección de los recortes en las pensiones más bajas sobre las que el gobierno haciendo encaje de bolillos (la picha un lío, con perdón), ha dicho que no perderán valor adquisitivo porque se congelan, pero, no se congelan porque ha habido revaloraciones en el pasado. Porque los congelados son siempre los pensionistas que con 500 euros, han de sobrevivir a las facturas de la luz, agua, servicios y demás, uno de ellos el teléfono, por cierto, con la mísera revalorización, ha permitido a Telefónica birlarles la reducción que les correspondía. Volviendo a los funcionarios, como cargos que cobran del erario público y aceptado el debate con el añadido del privilegio de mantener el puesto de trabajo, cueste lo que cueste, por ellos ha de pasar la medida aunque eso sí, reclamando la incidencia según las escalas profesionales. Pero siempre que se cumpla la máxima de los escalafones. Que sepamos, la mayoría de los parlamentos, diputaciones y ayuntamientos han pasado de soslayo por debajo del anuncio y eso que la “revalorización” por dietas, asistencias a comisiones y demás, permite unas holguras que ponen el “sacrificio” en un nivel celestial. |
